Gobernanza criminal y procesos electorales en México. El caso del Bajo Balsas Michoacano

Resumen

El artículo discute la relación entre gobernanza criminal, procesos electorales y el narcotráfico en México analizando una región específica, el Bajo Balsas Michoacano, y focalizando el análisis a nivel de los gobiernos locales mexicanos. A diferencia de la creencia común de que la falta de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal emanados de diferentes partidos políticos es un factor sustantivo de fracaso en las estrategias gubernamentales mexicanas contra el crimen organizado, este estudio propone que los procesos democráticos y de cambio de poder político han generado agendas políticas e incentivos que fomentan la cooperación entre los actores políticos locales y grupos criminales, especialmente durante procesos electorales altamente competitivos. A partir de un análisis cualitativo en actores clave de la región señalada, se observa la clara asociación entre la clase política local, grupos delictivos y procesos de toma del estado de Bajo Balsas Michoacano y de formación de gobernanzas criminales. Los resultados del trabajo remarcan la necesidad de una perspectiva integral en la conceptualización del problema de la seguridad pública en México, que trascienda a una visión policíaca y meramente delictiva y que entienda e incorpore los procesos de cambio políticos que se encuentran atrás de la violencia en México.

Palabras clave: Gobernanza criminal, Michoacán, Bajo Balsas, Elecciones, México

1 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. 2 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales. 3 Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo. Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.

Criminal governance and electoral processes in Mexico: The case of the Lower Balsas region of Michoacán.

Abstract

The article discusses the relationship between criminal governance, electoral processes, and drug trafficking in Mexico by analyzing a specific region, the BajoBalsas Michoacano, and focusing the analysis at the level of Mexican local governments. Contrary to the common beliefthat the lack of coordination between federal, state, and municipal governmentsfrom different political parties is a substantive factor infailure in Mexican government strategies against organized crime, this study proposes that democratic processes and changes inpolitical power have generated political agendas and incentives that encouragecooperation between local political actors and criminal groups,especially during highly competitive electoral processes. Based ona qualitative analysis of key actors in the region, there is a clearassociation between the local political class, criminal groups, and processes ofstate capture in Bajo Balsas Michoacano and the formation of criminal governance structures. The results of the study highlight the need for a comprehensive perspective in conceptualizing the problem of public security in Mexico,one that transcends a purely police and criminal vision and understands and incorporates the processes of political change that lie behind the violence in Mexico.

Keywords: Criminal governance, Michoacán, Bajo Balsas, Elections, Mexico

Introducci

Existe una cantidad importante de trabajos enfocados en las diversas explicaciones sobre los altos niveles de violencia y homicidios en México, que han relacionado los procesos de cambio político; mencionando que la apertura a procesos democráticos, relacionados con la violencia que se vive en el país, es producto de la actividad de los grupos criminales (Snyder y Duran-Martínez, 2009; Astorga y Shirk, 2010). En esencia, el argumento presentado es que el Estado Mexicano perdió la capacidad para controlar a los grupos criminales debido a la alternancia partidista en los poderes federal (presidencia), estatal (gobernación) y municipal (alcaldías). Esta alternancia dificultó la coordinación de la seguridad pública y la implementación de estrategias contra el crimen entre los distintos niveles de gobierno, los cuales estaban bajo la administración de partidos políticos con intereses e ideologías divergentes; dando como resultado ineficacia y desalineación de las acciones del Estado Mexicano contra los grupos criminales.

Por lo tanto, este artículo plantea la hipótesis de que más que un problema de coordinación de las acciones y políticas criminales, la alternancia política en los tres niveles de gobierno mexicanos generó agendas políticas distintas en las cuales no necesariamente tuvo sentido la lucha en contra de grupos del crimen organizado, sino más bien incentivó esquemas de cooperación de actores políticos con los grupos delictivos sobre todo en contextos de intensa competencia electoral.

El respaldo de grupos criminales para ciertos candidatos en elecciones estatales

o municipales competitivas puede ser decisivo mediante el uso de la violencia y la inyección de recursos ilícitos en las campañas políticas (Alvarado Mendoza, 2019). La asociación entre grupos del crimen organizado y gobiernos locales en México ofrece beneficios mutuos, pero a costa de un impacto negativo para la sociedad. Para las autoridades locales, estas alianzas significan acceso a financiamiento ilícito, consolidación de poder y protección política, mientras que los grupos criminales obtienen impunidad, control territorial y facilidades para sus operaciones. Esta complicidad fomenta la corrupción en los municipios, debilitando las instituciones y erosionando la confianza pública (Di Cataldo y Mastrorocco, 2021). Además, permite que los grupos delictivos operen con mayor libertad, lo que incrementa la violencia en las comunidades afectadas. A largo plazo, esta relación erosiona la democracia, ya que se manipulan elecciones y decisiones locales para favorecer los intereses criminales. Es decir que, aunque esta alianza ofrece beneficios inmediatos para ambos actores, sus consecuencias son devastadoras para las comunidades locales.

Los procesos de apertura democrática en el ámbito nacional, y particularmente municipal, han contribuido a reforzar vacíos de autoridad y legalidad existentes en México, facilitando la infiltración de grupos criminales en la dinámica política y en los procesos electorales, convirtiéndolos en actores políticos influyentes y determinantes en las agendas de los gobiernos municipales.

Esta situación se explica tanto por la debilidad del sistema electoral, que permite la intromisión de grupos criminales en los procesos electorales a través de recursos financieros, como por las fallas en la gobernanza local.

La influencia de los grupos criminales se manifiesta como un claro proceso de captura de los gobiernos municipales y la conformación de una gobernanza criminal local. En este contexto, la debilidad estructural de los gobiernos municipales en México (Olivos Campos, 2013; Montecinos-Montecinos, 2007) se presenta como un obstáculo para la implementación de una estrategia de seguridad nacional eficaz y remite necesariamente a la necesidad de modificar aspectos electorales, legitimidad política y gobernanza local, dentro de una conceptualización estructural del problema de seguridad nacional.

En ese sentido, la intervención de grupos criminales en la vida electoral es un reflejo de procesos de cambio democrático inacabados que no han logrado una institucionalización formal y legal en las dinámicas políticas locales, lo que ha dado lugar a la captura del Estado y a la aparición de gobernanzas criminales; por eso, mediante un análisis c cualitativo con entrevistas a actores políticos clave en seis municipios del Bajo Balsas del estado de Michoacán conformado por Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Benito Juárez, se identifica la captura criminal de los gobiernos locales.

Esta zona refleja múltiples contradicciones presentes en numerosos municipios del país afectados por grupos delictivos. El estudio propone un examen más específico de estos municipios para entender el problema en las localidades mexicanas azotadas por el crimen; por lo tanto, se subraya la necesidad de fortalecer la vigilancia y regulación electoral para prevenir la interferencia criminal en los procesos democráticos, así como la urgencia de mejorar la gobernanza de los gobiernos locales.

La pertinencia de analizar el caso del Bajo Balsas en Michoacán es crucial, pues este estado no solo fue la cuna de grupos criminales pioneros en forjar alianzas sistémicas con el poder político, con el origen del Cártel de Jalisco Nueva Generación, hoy el grupo criminal más poderoso del país, sino que también se inauguró la “guerra contra las drogas” en 2006. Comprender las particularidades de una región como el Bajo Balsas, donde convergen estas dinámicas históricas y criminales, permite construir una comprensión global del fenómeno de gobernanza criminal con un nivel de profundidad que sería difícil de alcanzar en el estudio de otras regiones con contextos distintos, como Sinaloa, Jalisco o Chiapas. Este análisis micro, por tanto, es indispensable para generar evidencia empírica sólida que posibilite el diseño de políticas públicas de seguridad y fortalecimiento democrático precisas, contextualizadas y efectivas.

Sustento teico

La relación entre grupos criminales y los gobiernos locales en México puede abordarse a través del análisis de cómo estos grupos ejercen influencia sobre el Estado y cómo, a su vez, pueden crear sistemas paralelos de gobernanza. El concepto de captura del Estado ayuda a entender cómo los grupos criminales se infiltran y manipulan las instituciones, mientras que el enfoque de gobernanza criminal explica cómo los grupos pueden reemplazar o desafiar el rol del Estado en la provisión de seguridad y servicios. Integrar ambas perspectivas ofrece una visión más completa de la interacción entre grupos criminales y gobiernos locales en México.

La captura del Estado puede entenderse como un esquema de corrupción sistemática en la cual grupos de interés toman el control de las instituciones y las posibles formulaciones de las políticas públicas, desviándolas del interés público y moldeándolas para servir a sus propios intereses (David-Barrett, 2023). En general, el concepto ha sido utilizado para describir prácticas de grupos económicos que tienden a encontrar los recovecos institucionales en una determinada nación para realizar prácticas en favor de sus intereses personales y de negocios a partir del control de leyes e instituciones que les posibilite instrumentar reglas del juego favorables a sus intereses (Chipkin y Swilling, 2018).

La literatura que ha discutido la captura del Estado en México específicamente en lo relativo a grupos criminales muestra evidencia del control de ciertas regiones del país por parte de grupos informales a través de mecanismos directos de coerción y presión a los gobiernos (Rodríguez Sánchez y Valdés Hernández, 2021; Alcocer, 2022; Torres Oregón y Estrada Rodríguez, 2024). Sin embargo, hasta el momento existe escasa investigación que haya logrado establecer una conexión clara entre los mecanismos específicos de captura del Estado por parte de grupos criminales y su relación con las deficiencias institucionales del Estado Mexicano en los procesos electorales y la debilidad en la gobernanza local.

Una conceptualización del proceso de captura del Estado podría darse a través de la definición de los niveles de gobierno en la cual los grupos informales ejercen una mayor presión o control. Un arreglo de este tipo permitiría considerar específicamente a los gobiernos municipales como el eslabón más débil del Estado mexicano en términos de su debilidad institucional y gobernanza que los harían más sensibles a las presiones que ejercen los grupos de poder informales (Rodríguez Sánchez y Campos Alanís, 2010; De León Palomo, 2008).

La gobernanza criminal, entonces, se refiere a la capacidad de los grupos criminales organizados para ejercer control y poder sobre una determinada área geográfica

o sector económico, a menudo a través de medios ilegales y violentos (Uribe et al., 2022; Duque Daza, 2021). En este tipo de gobernanza, los grupos criminales actúan como un estado paralelo y establecen sus propias normas, leyes y sistemas de justicia, a menudo con el fin de proteger y expandir sus actividades ilegales.

Hernández Morales (2023) propone un modelo de gobernanza criminal donde se identifican dos aspectos: El primero se basa en la apropiación, obstrucción y afectación de los bienes y servicios públicos, así como en la intromisión en los procesos electorales. El segundo, se basa en la provisión o facilitación de servicios públicos que deberían ser responsabilidad del Estado. Dicho autor señala específicamente el caso de Michoacán donde destaca la importancia del vínculo entre criminales y agentes estatales como una condición esencial para la formación de una gobernanza criminal.

Fuentes Díaz y Souza Alves (2022) destaca la presencia de grupos informales que ejercen control sobre territorios y poblaciones poniendo de manifiesto que el poder soberano no es exclusivo del Estado, sino que se disputa, negocia o complementa por varios actores que ejercen control social, regulación y gestionan asuntos prácticos en sus respectivas áreas; en este caso, es importante resaltar que el Estado no está ausente en este proceso, sino que participa en diferentes momentos y con diversos niveles de intensidad en los territorios; además de encargarse de la elaboración de regulaciones y legitimidad del uso de la coerción, al reconocer que no es el único actor con autoridad en este ámbito.

En términos generales, los procesos de captura del Estado pueden llevarse a cabo mediante resquicios en la legislación electoral que permiten la participación de grupos criminales en los procesos electorales mediante inyecciones ilegales de recursos financieros, así como a través de la participación directa y violenta en las elecciones. De hecho, en el caso de México, se podría hablar de una captura del Estado a través de procesos electorales viciados que han generado una gobernanza criminal, la cual se manifiesta con más ímpetu en los entornos locales, donde las debilidades estructurales e institucionales hacen vulnerable a las estructuras municipales a las presiones y chantaje de los grupos criminales estableciéndose procesos de captura y formación de gobernanzas criminales (Hernández Morales et al., 2025).

A pesar de que la literatura refleja y describe de manera general los procesos de gobernanza criminal, existen vacíos en cuanto a la relación y los mecanismos que median entre las gobernanzas municipales, electorales, los procesos de captura del Estado y la formación de gobernanzas criminales. Sin tener una comprensión clara de estos procesos es muy complicado visualizar soluciones estructurales al problema criminal. En lugar de recurrir a enfoques superficiales basados únicamente en estrategias de seguridad pública, es necesario adoptar una perspectiva más amplia que implique y recalque la necesidad de una profunda reconversión política dentro de un abordaje amplio del problema criminal.

Reforma política, municipios y narcotráfico

El período del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido hegemónico en México abarca desde su fundación en 1929 hasta el año 2000, cuando perdió la presidencia. Durante estos más de 70 años, el PRI ejerció un control casi absoluto sobre la política mexicana, consolidándose como un partido dominante en un sistema de partido único de facto. Aunque existían otros partidos, la competencia electoral era limitada y el PRI utilizaba un sistema corporativista para mantener su poder, integrando a diferentes sectores de la sociedad bajo su control (Báez Silva, 2002).

Los procesos de reforma política en México que se dieron a la caída del PRI en el 2000 se plantearon como cambios a nivel nacional (gobierno federal) que no priorizaron la necesidad de mejorar los procesos democráticos a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Se habló siempre de cambios nacionales y de avanzar en la democracia, pero dentro del discurso político imperante y de las propuestas de los distintos actores políticos, se visualizó escasamente la importancia de los procesos de reforma democrática a nivel de los gobiernos estatales y locales.

Mejoras que se dieron a nivel nacional como la creación de organismos autónomos de vigilancia presupuestal, trasparencia, derechos humanos y oficinas independientes para la organización de elecciones, así como la construcción del andamiaje democrático nacional mexicano, se implementaron con la perspectiva de mejorar el gobierno federal y replicar automáticamente una gobernanza democrática a nivel de los gobiernos estatales y municipales. Sin embargo, los cambios positivos en los órganos electorales y la creación de contrapesos a nivel nacional no se replicaron en los estados mexicanos y mucho menos en los gobiernos locales.

Los procesos democráticos de inicio de siglo XX rompieron el control y único contrapeso de poder que tenía los gobernadores mexicanos que era el poder presidencial (Rodríguez Montaño y Pineda Pablos, 2017). Durante el periodo de partido único en México, los gobernadores ejercían de virreyes del presidente en los estados de la República. Los presidentes nombraban a los candidatos a Gobernadores a través del Partido Único y a su vez, los gobernadores nombraban a los candidatos a diputados a los congresos locales, alcaldías, además de nombrar a los jueces del Poder Judicial. Este diseño de escalera implicaba un control total de la vida pública estatales por el Ejecutivo Federal, que, sin embargo, estaba limitado por los periodos de 6 años de los presidentes mexicanos. En la práctica, la caída del presidencialismo mexicano en 2000 implicó un proceso de libertad total a los gobernadores de los estados que se convirtieron auténticamente en reyes sexenales de sus estados sin prácticamente ningún tipo de contrapeso político o legal (Olmeda y Armesto, 2017).

Los gobernadores continuaron controlando los poderes legislativos y judicial estatales procediendo a un proceso de captura de los distintos órganos autónomos estatales que se habían creado (Espino Sánchez, 2016). La concentración del poder por parte de los gobernadores debilitó la formación de gobernanzas estatales y locales, estableciendo vacíos de legitimidad y autoridad. Estos procesos generaron o facilitaron procesos de captura del Estado a nivel de las entidades federativas por parte de grupos criminales (Barney Montalvo, 2018).

Los resultados de los procesos de democratización en el ámbito municipal (alcaldes) fueron todavía más lentos que a nivel estatal generando pocos cambios respecto al período de partido único en México (Rodríguez Wallenius, 2008). Además de lo anterior, los municipios mexicanos continúan experimentando los mismos problemas que en los tiempos del partido único como falta de recursos financieros para obras públicas y seguridad. Sin recursos financieros los gobiernos locales no podían costear buenas policías y bomberos locales ni garantizar servicios básicos como agua, alcantarillado, bacheo, construcción de calles, etc.

Aunque las reformas democráticas promovieron una mayor competencia electoral en el ámbito local, no se vieron acompañadas de una mejora significativa en los procesos de gobernanza ni en la vigilancia de los procesos electorales municipales. La mayor competencia política por las presidencias municipales provocó la existencia de candidatos de diferentes partidos en donde era fundamental los recursos financieros y políticos para una campaña electoral exitosa abriendo la puerta al financiamiento y a la participación de organizaciones criminales en las elecciones municipales.

Las administraciones municipales se consolidaron como un blanco estratégico para el crimen organizado, al representar la instancia primaria de representación estatal cuyo control facilita el desvío de recursos públicos destinados a seguridad e infraestructura (Sandoval Gutiérrez, 2024). Este dominio les permitió el control operativo de las policías locales —elemento fundamental dentro de su arquitectura de seguridad—, así como establecer canales de comunicación con autoridades estatales y federales. Además, al copar las estructuras de gobierno local, los grupos criminales pudieron erigir obstáculos legales y formales a las acciones de las policías federales o estatales en su contra. En municipios bajo su influencia, los alcaldes podían invocar la violación a la autonomía municipal para impugnar operativos de seguridad pública emprendidos por los gobiernos estatal y federal (Gaussens, 2020).

Si bien ya desde 2012 se identificaba que los gobiernos municipales eran un objetivo prioritario para los grupos delictivos, que buscaban controlar el primer espacio de representación formal del Estado mexicano y los recursos públicos, es importante señalar que la configuración de los actores criminales ha evolucionado significativamente. Para el contexto actual, organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y diversos grupos criminales locales, han reconfigurado las dinámicas delictivas y las formas de cooptación institucional.

A la par se dio un proceso de legitimación y construcción de una base social por parte de los grupos criminales al cumplir funciones encomendadas originalmente al Estado, en este caso los municipios, como la seguridad pública. Los grupos criminales se convirtieron en figuras de autoridad y orden legitimadas por la cooperación con comunidades y grupos marginados. Asimismo, el origen de muchos de los dirigentes de grupos criminales provenía precisamente de estos sectores existiendo una empatía y conocimiento de las comunidades (González Navarro y Figueroa Varela, 2022).

En el anterior contexto, el estado de Michoacán dentro del cual se encuentra la región del Bajo Balsas área localizada en el sureste michoacano que limita con el estado de Guerrero, conformada por municipios como Huetamo, San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Benito Juárez. Esta zona se distingue por su relieve montañoso, su aislamiento geográfico y una persistente condición de pobreza que ha favorecido, desde finales del siglo XX, el cultivo de enervantes como la amapola y la marihuana, así como la instalación de laboratorios para la producción de drogas sintéticas— siguió una trayectoria política similar a otras entidades durante el periodo de dominación del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El presidente nombraba a los gobernadores de Michoacán a través de su postulación por el PRI y estos a su vez nombraban a los diputados federales, diputados locales y presidentes municipales de la entidad. La centralidad de poder y autoridad que existió durante el periodo de partido único generó una situación de control criminal basado en la aplicación de la fuerza total del Estado Mexicano en contra de grupos de poder contrarios a los intereses del sistema político mexicano.

Las condiciones orográficas del estado y la ubicación con costas al Pacífico facilitaron desde tiempos inmemoriales, el cultivo de cannabis y amapola en muchas regiones de la entidad. Sin embargo, las pequeñas bandas de cultivadores, jamás supusieron un peligro a la estabilidad política del estado y el statuo quo imperante. Los grupos delictivos jamás participaron en la vida pública de la entidad manteniendo siempre un perfil bajo y alejado de la atención política nacional (Maldonado Aranda, 2012).

A fines del siglo XX grupos políticos de la entidad encabezan las reformas democráticas nacionales que permitieron el fin del dominio priista y el inicio del proceso democrático en México. El gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, encabezó luego del fin de su período de gobierno estatal (1980-1988) un movimiento junto con otros políticos nacionales para impulsar el proceso democrático (Martínez González, 2005).

Las reformas democráticas de inicio de siglo XXI generaron en Michoacán, al igual que en otras entidades del país, condiciones de mayor competencia electoral a la par del fortalecimiento de los grupos criminales ya sin el control del Estado Mexicano previamente existente. Las debilidades en la gobernanza electoral y en los entramados institucionales existentes generaron una situación de contienda política sin reglas claras que permitió la llegada de grupos criminales a la política estatal y local a través de su influencia en los procesos electorales sobre todo a nivel de elecciones municipales.

Existían elecciones reguladas jurídicamente, pero influidas por los grupos criminales que veían en la participación electoral un cobijo institucional a sus actividades delictivas. Estos procesos coinciden cronológicamente con el periodo de mayor fortalecimiento de grandes carteles nacionales, entre 2000 y 2010, dedicados al trasiego de drogas que remplazaron o asociaron con las pequeñas bandas de cultivadores de marihuana y amapola existentes en Michoacán. Estas nuevas organizaciones integraron al estado en cadenas logísticas complejas de trasiego de drogas bajo un modelo más articulado de organización criminal (Valdés, 2013).

Los nuevos grupos criminales empezaron a participar en la vida pública y procesos electorales. La existencia de apoyo por parte de grupos criminales hacia un candidato específico influía de manera decisiva en la dinámica electoral al permitir, a través de amenazas o coerción, desplazar a otros contendientes en la elección. Además, el respaldo que la sociedad otorgaba en un aspirante a cargo público con apoyo de estos grupos jugaba un papel fundamental al poder inclinar la preferencia electoral a su favor. Es importante tener en cuenta que una parte significativa de la sociedad podría considerar que un candidato respaldado por grupos criminales poseía mayor autoridad para ejercer el poder público de manera efectiva.

Michoacán se convirtió en la representación más clara de una entidad con procesos de captura del Estado y formación en diversas regiones de gobernanzas criminales. El estado experimentó la presencia de grupos criminales que implantaron un modelo de operación criminal basado en la cooptación directa de autoridades estatales y municipales y en la provisión de servicios de seguridad a la población.

Grupos del crimen organizado como la llamada Familia Michoacana y, posteriormente, los Caballeros Templarios se constituyeron en grupos delictivos sui generis basados en actividad criminal ligada a autoridades estatales y municipales del más alto rango alentando la consolidación de un entorno político basado en la presencia de grupos criminales que establecieron como norma la participación política como un elemento esencial dentro de su estrategia de operación criminal (Arratia Sandoval, 2017; Vite Pérez, 2016).

En 2014 la intervención del gobierno federal debilitó la actividad de estos grupos que lejos de desaparecer se pulverizaron en diversas bandas y en reacomodos criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generaci, Viagras, Los Amezcua, Carteles Unidos, Blancos de Troya, etc., que continúan operando y teniendo una importancia sustantiva en la dinámica del estado.

La intervención del gobierno federal en 2014 consistió en designar a un Comisionado, forzar la renuncia del gobernador electo y nombrar a un gobernador interino. La figura del Comisionado es inexistente en la Constitución nacional y en la michoacana. En la práctica, el Comisionado nombrado por el Gobierno Federal actuó como gobernador absoluto y de facto del estado, organizando grupos de autodefensas y negociando, al margen de consideraciones legales, un proceso de paz con diversos grupos criminales de la región (Reyes del Campillo et al., 2015).

La intromisión al margen de consideraciones jurídicas del gobierno federal mexicano profundizó el clima de ilegalidad e informalidad en Michoacán. Las negociaciones efectuadas por el Comisionado formalizaron la presencia de grupos de civiles armados y se hicieron tomando en consideración equilibrios militares entre los distintos grupos delictivos de la entidad. Permitió la presencia de grupos de autodefensas que incluían entre sus miembros a miembros de distintos carteles criminales (Nateras González, 2018). Al término del mandato del Comisionado en 2015, la continuidad de la actividad de los grupos criminales evidenció el fracaso de la estrategia y negociaciones llevadas a cabo por el gobierno federal (Guerra Manzo, 2015).

Detrás del fracaso de esta estrategia subyace, entre otros factores, la debilidad de los órganos electorales y del marco legal y de seguridad del Estado Mexicano para combatir, respectivamente, los recursos ilegales en las campañas y ejercer un mínimo de control legal sobre las actividades criminales de los grupos delictivos (Ugalde, 2018; Chacón Rojas, 2011). Aunque formalmente existen límites en los gastos de campaña y un aparato administrativo encargado de supervisar los recursos utilizados en las elecciones, la complejidad de esta tarea se agrava en estados extensos como Michoacán, con más de 100 municipios y numerosos distritos electorales locales y federales. Asimismo, refleja la complejidad del proceso criminal que abarca prácticamente todos los espacios de la vida pública de la entidad a partir de un estado crítico de deterioro institucional.

Metodología

El estudio se fundamentó en un enfoque cualitativo con alcance etnográfico, apropiado para comprender procesos sociales complejos en contextos de violencia organizada (Martínez-Martínez y Martínez-Carreón, 2020; Llanos Reynoso et al., 2017). Esta aproximación metodológica permitió explorar las experiencias, percepciones y motivaciones de actores políticos locales, así como las dinámicas sociales que facilitan la instauración de gobernanzas criminales (Gutiérrez Vidrio, 2009).

La recolección de datos se realizó mediante 20 entrevistas semiestructuradas distribuidas estratégicamente entre los municipios bajo estudio: Huetamo (4), San Lucas (4), Tiquicheo (3), Carácuaro (3), Nocupétaro (3) y Benito Juárez (3). Las entrevistas se aplicaron a actores clave con experiencia en cargos de elección popular, equipos de campaña y funcionariado municipal o estatal, utilizando un guion focalizado en dos dimensiones centrales: la existencia de gobernanza criminal a nivel municipal y el papel de los grupos criminales en procesos electorales locales.

Cabe destacar que la investigación cualitativa en regiones con alta incidencia criminal presenta desafíos metodológicos particulares; por lo que la aplicación de protocolos ortodoxos, como la grabación y transcripción literal de entrevistas, resulta inviable debido al temor legítimo de los entrevistados que residen en estas zonas y priorizan su seguridad personal y familiar. Este enfoque se sustenta en lo señalado por Kovats-Bernat (2002), quien advierte que en contextos de violencia la metodología etnográfica debe adaptarse para proteger tanto a investigadores como a informantes. En este contexto, se optó por no grabar las conversaciones, realizándose en su lugar una toma de notas detallada que permitió capturar el contenido esencial mientras se garantizaba el anonimato y la protección de los participantes; este enfoque facilitó que los actores políticos se expresaran con mayor libertad sobre temas de alta sensibilidad.

El perfil de los entrevistados se caracteriza por: edad promedio de 42 años, 45% con estudios universitarios, 45% con experiencia como candidatos a puestos de elección popular, 75% con experiencia en equipos de campaña y 80% con experiencia como funcionarios públicos municipales o estatales.

Durante el proceso de investigación se implementaron protocolos éticos rigurosos: se explicaron los motivos académicos del estudio, se garantizó el anonimato de los participantes y se obtuvieron consentimientos verbales. Las entrevistas, con duración promedio de una hora, se realizaron en lugares públicos seguros y no fueron grabadas, optándose por la toma de notas detalladas para preservar la seguridad de los informantes (Aguirre Ochoa et al., 2025).

El análisis se realizó mediante codificación temática manual, identificando patrones recurrentes y construyendo categorías analíticas consistentes con el marco teórico de gobernanza criminal, metodología apropiada dado el carácter manuscrito del material recopilado. Este proceso se desarrolló siguiendo el marco de Braun y Clarke (2006) para el análisis temático, implementándose en varias fases. Primero, se realizó una codificación abierta, donde las notas detalladas de cada entrevista fueron revisadas para etiquetar fragmentos de texto que representaran ideas, conceptos o experiencias relevantes. En una segunda fase, de codificación axial, estos códigos iniciales se agruparon en categorías analíticas más amplias y significativas, buscando las conexiones entre ellas. Finalmente, en la fase de codificación selectiva, se integraron y refinaron estas categorías para construir los temas centrales que estructuran los hallazgos de la investigación. Esta metodología de análisis manual, aunque demandante, fue la más apropiada y segura para el material manuscrito, permitiendo una inmersión profunda en los datos y la identificación de matices que podrían pasar desapercibidos con un software de análisis asistido por computadora.

Resultados

El análisis cualitativo reveló la configuración de un complejo sistema de gobernanza criminal en los municipios estudiados, caracterizado por tres dimensiones interrelacionadas:

Coexistencia negociada: la imposibilidad de gobernar sin acuerdos criminales

El hallazgo más consistente en los seis municipios fue la percepción unánime de que ejercer el gobierno municipal requiere necesariamente establecer acuerdos explícitos con los grupos criminales. Esta coexistencia negociada emerge como un mecanismo de supervivencia política que sigue lógicas pragmáticas antes que ideológicas.

Nadie puede llegar al poder en este municipio sin que haya platicado previamente con los malos simplemente tendría muchos problemas después para poder intentar hacer cosas y lograr el mínimo control de la regin

sinceramente si es posible platicar con ellos y poder llegar acuerdos y concesiones para poder llevar la fiesta en paz. (Entrevistado 7, funcionario municipal de Huetamo).

La codificación manual identificó que el 85% de las referencias sobre relaciones poder-grupos criminales enfatizaban esta imperativa necesidad de negociación, materializada en cuatro ámbitos principales: seguridad pública, obras públicas, movilidad territorial y actividades políticas.

El siguiente diagrama sintetiza los principales ámbitos donde se materializan estos acuerdos:

Diagrama 1. Ámbitos de la cooperación ilegal municipios-grupos criminales.

Fuente: Elaboración propia.

Anarquía en la negociaci: la volatilidad de las contrapartes criminales.

Un hallazgo que complica significativamente estos procesos de negociación es su carácter marcadamente inestable y fragmentado. Los actores políticos reportaron considerable incertidumbre acerca de con quién debían negociar y por cuánto tiempo los acuerdos mantendrían su vigencia.

Nos hemos acostumbrado a tener que platicar con los malos cuando existe una campaña política no es posible avanzar en una campaña sin platicar con ellos a veces pasan cosas extrañas como que maten alguno de los que hemos platicado y tengamos que continuar negociando con

los que quedan, no sabemos si estamos negociando con los que toman

las decisiones realmente. (Entrevistado 12, exalcalde de San Lucas).

El análisis mediante codificación manual permitió identificar que el 70% de las referencias a procesos de negociación mencionaban explícitamente la volatilidad de los interlocutores como el principal obstáculo para establecer acuerdos estables.

Intervenci criminal en procesos electorales: licas prácticas, no ideolicas.

La investigación identificó mecanismos concretos mediante los cuales los grupos criminales influyen en los procesos electorales municipales, destacando que su intervención responde a cálculos pragmáticos de conveniencia operativa más que a afinidades ideológicas.

…Los malos no apoyan a un determinado candidato porque sea del Verde,

PRI o PAN, apoyan en funci de la cercanía que tengan con el candidato,

que tanto lo conozcan, y si pueden llegar con él algún tipo de acuerdo o

de negociacin, yo estoy seguro que ninguno de los malos de aquí de la

región tienen una afiliación o conocen qué plantea cada partido político.

(Entrevistado 3, candidato a regidor en Tiquicheo).

La codificación manual permitió categorizar dos mecanismos principales de intervención: financiamiento ilícito de campañas (55% de las menciones) y coacción directa a candidatos (45% de las menciones), facilitados por la ausencia de protección estatal efectiva.

Conclusiones

Los resultados del trabajo muestran la existencia de una gobernanza criminal en los municipios analizados, donde los actores políticos locales establecen acuerdos explícitos con los grupos criminales. Las autoridades electas se ven obligados a mantener acuerdos con los grupos criminales locales como una necesidad indispensable para mantener un mínimo de control sobre la vida municipal.

Debe destacarse el carácter apartidista en las intervenciones de los grupos criminales. La lógica de actuación de estos grupos se da por las conveniencias prácticas para la operación de sus actividades criminales y coyunturas personales con los actores políticos locales. No existe una pertenencia a un programa partidista o ideológico determinado.

La participación de los grupos criminales en la vida pública se facilita por los vacíos y huecos en la vigilancia electoral que ejerce el Estado Mexicano en su conjunto y que se manifiestan más claramente en elecciones locales y estatales. Existe una gran cantidad de dinero ilegal de los grupos delictivos en elecciones municipales y también una capacidad de presión brutal sobre los actores políticos. Asimismo, refleja la incapacidad del Estado Mexicano para garantizar un mínimo de condiciones de seguridad a sus ciudadanos y a los actores políticos locales que deben de buscar esquemas de seguridad por sus propios medios.

Los resultados encontrados en la presente investigación podrían replicarse en otras regiones del país con presencia ancestral de grupos del crimen organizado, sin embargo, debe destacarse que existen particularidades sustantivas en las dinámicas políticas locales en distintas partes del país por lo que una extrapolación de condiciones y circunstancias de Michoacán a otras regiones pudiera resultar incierta más aún considerando la especificidad de los procesos de gobernanza criminal a nivel municipal.

La emergencia y continuidad de grupos criminales en Michoacán no puede explicarse por una falta de cooperación entre el ejecutivo federal, estatal y municipal para coordinar una estrategia de seguridad anticrimen. El caso de Michoacán refleja lo incierto de la tesis de una falta de coordinación entre niveles de gobierno como causa del fracaso en las acciones del gobierno mexicano. Más bien los procesos de reforma política y apertura democrática han creado espacios de poder en los cuales los intereses de grupos locales, estatales y federales son diferentes y, por lo tanto, no existe un interés común y generalizado por una estrategia unificada en contra de los grupos criminales.

Finalmente, los resultados del trabajo llaman a la necesidad de una perspectiva integral en la conceptualización del problema de la seguridad pública en México que trascienda a una visión policíaca y meramente delictiva y que entienda e incorpore los procesos de cambio políticos que se encuentran atrás de la violencia en México. Sin cambios sustantivos en la estructura política mexicana y una mayor atención a los temas municipales no habrá una solución real a la fortaleza de los grupos criminales que se articulan con las dinámicas políticas locales generando una gran capacidad de adaptación y resistencia a intervenciones del Estado Mexicano basadas únicamente en una perspectiva policiaca.